العرائش نيوز:
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس بلاغا تعرب فيه قلقها الشديد من جرّاء الوضع الذي يعيشه 16 مغربيا من أصل ريفي والذين خاطروا بحياتهم في عرض البحر هربا من الوضعية المأساوية التي يعيشونها بالمغرب.
وحسب نفس البلاغ، فإنه ما بين 18 و19 يناير 2021، دخل ما مجموعه 59 شخصًا إلى ميناء موتريل عبر قوارب مختلفة. وكان من بين هذه المجموعة سجناء سياسيون سابقون ونشطاء من منطقة الريف، والذين سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا في حال عودتهم إلى المغرب.
ويضيف البلاغ أنهم منذ وصولهم إلى الأراضي الإسبانية في موتريل، حُرموا من حريتهم في مراكز المساعدة المؤقتة للأجانب، ( CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros, إذ أنهم حرموا من حقهم في طلب اللجوء. وكشف هؤلاء النشطاء الريفيون أن المساعدة القانونية الوحيدة التي تلقوها كانت عبر الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، تم حبسهم في مكان تنعدم فيه شروط النظافة، وفي غياب تام لاحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، ولهذا تطالب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها، بما في ذلك الحق في الصحة، حق اللجوء، والحماية من الإعادة القسرية أو البحث عن بدائل للاحتجاز.
وتبعا لنفس البلاغ، فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس تقرّ بأن الهجرة حق وكذلك طلب اللجوء، لذلك تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين الريفيين والإغلاق النهائي لـمركز احتجاز الأجانب بمورسيا Centro de Internamiento de Extranjeros Murcia CIE).
- Exigimos su puesta en libertad del CIE de Murcia, donde se encuentran internados
- De ser devueltos a Marruecos, se enfrentarían a penas de hasta 20 años de cárcel
Málaga, 25 de enero de 2021.
Desde la APDHA queremos expresar nuestra preocupación ante la situación que viven 16 personas de origen rifeño que arriesgaron su vida en el mar huyendo de la represión del Estado marroquí. Entre los días 18 y 19 de enero de 2021 tuvo lugar la entrada por el puerto de Motril de un total de 59 personas, llegadas en distintas pateras. Entre este grupo de personas viajaban ex-presos políticos y activistas de la región del Rif de Marruecos. De ser devueltos a Marruecos, Jamal Mouna, Mohamed El Jaouhari y muchos de ellos, se enfrentarían a penas de hasta 20 años de cárcel.
Desde su llegada al territorio español, a Motril, donde fueron privadas de libertad en el CATE, estas personas han visto afectados sus derechos esenciales, especialmente su derecho a solicitar asilo, pese así haberlo manifestado desde el primer momento. Estos activistas rifeños han puesto de manifiesto que la única asistencia jurídica recibida fue vía telefónica y su malestar con los servicios de interpretación y traducción recibidos. En este sentido, desde APDHA nos preocupa, por un lado, que la asistencia jurídica que se esté produciendo a las personas recién llegadas a las costas sea de forma telefónica y no presencial. Consideramos que la forma presencial sería la más adecuada en cuanto que permitiría una toma de contacto, información, tratamiento y evaluación más pertinente y con mayores salvaguardas.
Por otro lado, se deben establecer las máximas garantías en los servicios de interpretación y traducción con el fin de evitar que existan interferencias que puedan mermar la plena y efectiva garantía de los derechos de las personas. Recordamos la importancia del pleno cumplimiento de los códigos deontológicos de las todas las personas profesionales que asisten y atienden en estas situaciones y las responsabilidades de todas las administraciones con competencias en velar porque así sea.
Actualmente, estas personas continúan encerradas en el CIE de Murcia, tras haber permanecido en el CATE de Motril. Ya han manifestado su intención de solicitar asilo y, en consecuencia, deben ser puestos en libertad.
Además, son encerradas en un lugar donde la higiene es muy deficiente y las medidas de distanciamiento social prácticamente imposibles, en un momento donde la situación epidemiológica vuelve a ser muy preocupante. En relación con la atención que se debe prestar a las personas migrantes en la situación provocada por la Covid-19, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a todos los Estados que “deben establecer las medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes en estas instalaciones y establecer urgentemente alternativas a la detención sin custodia como una medida para mitigar estos riesgos”.
En definitiva, tanto desde esta Oficina como desde el Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales, se insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas migrantes que llegan a su territorio, entre ellos el derecho a la salud, los derechos de asilo, la protección contra la devolución o la búsqueda de alternativas a la detención.
Migrar es un derecho al igual que solicitar asilo, por ello, exigimos su puesta en libertad de manera inmediata y el cierre definitivo del CIE de Murcia. Es urgente la implementación de protocolos de primeras respuestas para las personas recién llegadas que contemplen todas las realidades que deban ser abordadas, desde una perspectiva de derechos y dando fin a las políticas de encierro.
#LIBERTAD para los rifeños en el CIE de Murcia
#NoCIEs
#SíAlDerecho a la protección